Pasaron 722 días para que las instituciones del Estado mexicano fueran declaradas culpables por la muerte de 49 niños, y las lesiones de otros 104, por el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.

En un juicio ciudadano celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México, el juez Emilio Álvarez Icaza determinó que la Procuraduría General de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron responsables de la tragedia y desatención a las víctimas. Tuvieron que venir los padres afectados, la ciudadanía.

Sin ningún representante de las instituciones enjuiciadas, un defensor de oficio hizo la lucha. Habló de la inviabilidad de juzgar al Estado como tal, pero su argumento no cuajó. Cada una de las instituciones logró la unanimidad del jurado, ninguno se salvó. Ellos son los culpables.

El veredicto del juez secundó con los actos de la clase política: desinterés, negligencia, falta de políticas públicas, cosificación de los niños.

A las 13:15 horas del domingo 29 de mayo el estruendo del mazo se oyó en el Zócalo de la Ciudad de México. De fondo, 25 banderas rosas, 24 azules y una blanca, en representación de los niños y niñas muertas en el incendio.

Al Estado mexicano se le condenó a modificar el sistema de subrogación de guarderías del IMSS, por su contravención a los derechos de niños, así como otro modelo de cuidado infantil que sea contrario a la Constitución y los tratados internacionales. Al desarrollo de una política pública de todos los niveles de gobierno que tutele los derechos de la primera infancia, niñez y adolescencia.

Debe acatar, atender e implementar de inmediato las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño en lo que se refiere los servicios de privatización, así como a las garantías de los derechos de la primera infancia.

Como reparación del daño, los representantes declarados culpables deben presentar una disculpa en una ceremonia pública a niños, niñas, padres, familiares y comunidad entera que se vieron afectados. Abstenerse de violaciones futuras, garantizar la protección y tratamiento de los niños lesionados.

Allá donde la guardería cubierta con lonas “más flamables que la gasolina” se incendió, debe ser construido un memorial para mantener en la memoria de los ciudadanos y honrar a los niños víctimas. El 5 de junio sería declarado día nacional de luto.

Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, ex titular y actual director del IMSS fueron sentenciados a un mes de trabajo comunitario por cada niño que perdió la vida o resultó lesionado. Doce años con nueve meses. Quedan inhabilitados para ejercer cualquier cargo público o de representación en los tres niveles de gobierno por 20 años.

Aunque Emilio Álvarez Icaza pidió a los cerca de 300 asistentes abstenerse de emitir manifestaciones con gritos o pancartas, los aplausos y solicitudes de justicia y cárcel brotaron hacia el estrado. Si no, cuándo, decían.