El 29 de mayo de 2011 a la 1:15 de la tarde José Francisco García Quintana experimentó “una especie de grito callado, no tan fuerte como el que se usa en las marchas”. El jurado del Tercer Segmento del Juicio Ciudadano, ahora realizado contra instituciones del Estado Mexicano, determinaba que éstas – Presidencia de la República, IMSS, SCJN, Cámara de Diputados – además de la CNDH, eran culpables de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009, día en que 25 niñas, 24 niños fallecieron y 70 más quedaron heridos.
José Francisco, padre del pequeño Andrés Alonso García Duarte, quien murió tras el incendio en la guardería ubicada en la colonia Y Griega de Hermosillo, Sonora, supo ese 29 de mayo, que el veredicto del juicio ciudadano en voz de Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, “Fue una gran muestra de apoyo a nuestra lucha”, una lucha que ha sido desde junio de 2009 el eje de su vida y también de la de otros padres y madres que se han conjuntado en el Movimiento Ciudadano por la justicia 5 de junio.
¿Cómo empezó todo?
“A las 2:45 de la tarde del 5 de junio de 2009 comenzó la pesadilla”, describió en un artículo el 5 de junio de 2010, Daniel Gershenson, “se produjo un incendio en la bodega estatal de Hacienda separada por muros aparentes de la guardería ABC, propagándose minutos después hasta donde dormían casi 200 niños de 10 meses a cuatro años de edad”, dijo el presidente de Alconsumidor, AC.
Después, siguieron escenas propias de versos tristes, y las preguntas “¿Cómo es que ocurrió esto?”,”¿dónde están los responsables?”. Los días revelarían lo siguiente: El 6 de junio, el titular del IMSS, Daniel Karam, aseguraba que la guardería “era un lugar seguro”; sin embargo, el día 12, la PGR afirmaba que desde 2005 se habían detectado irregularidades en las instalaciones de la estancia infantil. En tanto, el gobierno federal asumió la investigación del siniestro hasta el 24 del mismo mes. La justicia no aparecía.
El asunto fue a más, y mientras los deudos lidiaban con su duelo y empezaban a organizarse las primeras manifestaciones para exigir se aclarara el caso, en julio se publicaba la lista de guarderías subrogadas, como lo era la guardería ABC, figuró entonces el nombre de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar directa de Margarita Zavala, la esposa del presidente de México Felipe Calderón. Ningún detenido hasta entonces.
Ya en agosto de ese mismo año, un día después de que Sergio Aguirre Anguiano, ministro de la SCJN, respaldara las acciones del gobierno federal y local en torno a lo ocurrido el 5 de junio, la PGR revelaba que desde 2001 dueños de la guardería ABC sabían que “operaban de manera indebida”.
La lucha de los deudos apenas iba adquiriendo forma, y se hizo sentir el 28 de agosto frente al palacio de gobierno, ese día, un grupo de padres de los menores fenecidos esperó a que Eduardo Bours, saliera de la entrega de su 6º y último informe de gobierno, para increparle su responsabilidad en los hechos. Para el 5 de octubre de 2009, el ya ex gobernador tenía una denuncia penal en contra ante la PGR por la muerte de los 49 infantes.
Un primer año
Los días pasaron. Y la impartición de justicia parecía revolverse entre las horas, nombres e investigaciones en torno a lo ocurrido en la guardería ABC. A principios de 2010, el recién llegado gobernador Guillermo Padrés se comprometía a reclasificar los delitos de los indiciados por el caso, y la consultora estadounidense The McMullen Company realizaba un peritaje en el lugar del siniestro que daba por resultado que: el incendio fue provocado.
En marzo, los magistrados de la Comisión Investigadora de la guardería ABC determinaban que Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director del IMSS, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, junto con otros 17 funcionarios federales y locales, estaban involucrados en violaciones graves de garantías relacionadas con este caso. Horcasitas se defendía y alegaba que su conciencia estaba tranquila.
Ante tal contexto los padres de los menores fallecidos anunciaron la realización de un primer juicio ciudadano como protesta. Y el día 15 de marzo el ministro de la SCJN, Fernando Franco González Salas, permitió Juan Molinar Horcasitas y a Eduardo Bours Castelo, acceder al expediente del caso del incendio de la Guardería ABC para que tengan oportunidad de defenderse, según notas periodísticas.
El 30 de abril, por primera vez desde lo ocurrido, Felipe Calderón recibió “a puerta cerrada a un grupo de 11 madres y padres, a quienes ofreció castigo, incluso si entre los responsables hay amistades, familiares o funcionarios” según consignó el periódico El Universal.
Video: “Nosotros somos los culpables” lectura dramatizada.
El dictamen del Ministro Zaldívar y la exoneración de la SCJN
Llegaba el primer año del incendio en la guardería ABC, ningún responsable estaba preso, y el día 3 de junio el ministro Arturo Zaldívar entregó el dictamen sobre el caso a sus compañeros del Pleno de la SCJN, en él pidió responsabilizar a 14 autoridades federales, estatales y municipales, de incurrir en violaciones graves de garantías, entre estos funcionarios estaban Juan Molinar Horcasitas; Daniel Karam, Eduardo Bours, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara.
Sin embargo, el 16 de junio la SCJN daba un revés al dictamen del ministro Zaldívar, aceptó que sí se registraron violaciones graves de garantías, pero por mayoría de votos, determinó que Horcasitas, Karam, Bours, e incluso Gándara, no estuvieron involucrados en la violación grave de garantías en el caso. Un mes después, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio Asociación Civil presentó una solicitud de juicio político contra 2 de los ministros que avalaron esto.
Dos años pidiendo justicia
José Francisco García, bebe café, atiende llamadas, anota sus pendientes en una libreta. Es el 1º de junio de 2011, faltan unos días para que se cumplan dos años del hecho que cambió su vida, “no tengo palabras para describir la felicidad que yo tenía, trabajaba en una empresa de alimentos, - es químico biólogo- eso era mi vida”, dice en entrevista.
Ahora, es el representante legal del Movimiento 5 de junio, se prepara en materia jurídica para seguir su lucha, pues “El estado mexicano nos ha fallado”, dice, y cuando se le pregunta sobre qué esperan de las autoridades, en particular de la PGR ahora con Marisela Morales, con quien ya sostuvieron una reunión, explica “Nosotros queremos ver hechos, queremos que se aplique la acción penal a todos los responsables, tanto a nivel local como federal”.
La lucha de los deudos del 5 de junio de 2009, es apoyada por sociedad civil y por figuras públicas que estuvieron en el Juicio Ciudadano del 29 de mayo, tal es el caso de la periodista Katia D’Artigues quien en entrevista comentó que el juicio fue un “acto de memoria ciudadana”, la columnista compartió que se involucró con la causa “primero como periodista, pero antes que ser reportera soy ciudadana, soy mamá, tengo un hijo, entonces es una empatía personal la que yo tengo y estoy colaborando”, quien a dos años de los hechos reflexionó: “los funcionarios están acostumbrados a que pasen cosas sin consecuencias, entonces estas (acciones) son pequeñas gotas que va empujando la sociedad civil”.
José Francisco y otros integrantes del movimiento, no vacilan, quieren que se haga justicia, van por “la no repetición –del hecho- y que se castigue a los responsables, que sepan estos servidores públicos que hay castigo si no hacen su trabajo, que no pueden estar firmando documentos nomás por ser amigos de gobernantes o de diputados o políticos, que hay una consecuencia en sus acciones u omisiones”, dice.
Javier Sicilia, poeta, periodista que busca un pacto nacional, coincide con José Francisco, según compartió para Kaja Negra, tras fungir como testigo de calidad en el acto cívico del 29 de mayo: “El estado está obligado, y así ha sido la demanda de este juicio ciudadano, a reparar el daño y a que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos”.
El papá de Andrés Alonso, explica que por eso nació la Ley 5 de junio, aprobada por unanimidad el 29 de abril de este año, y que ahora se espera sea votada por la cámara de diputados, pues quieren “sea un marco de la no repetición, un ABC nunca más, que esta ley proteja a los niños que están en estos centros de cuidado integral, que así deben ser, que no sean lugares donde traten a los bebés como cajas o cosas”.
Al respecto, el politólogo e internacionalista, Genaro Lozano, quien formó parte del jurado del juicio ciudadano, comentó: “la consolidación o el fin de esto tendría que ser que la ley aprobada en el senado sea aprobada también por la cámara de diputados, compete al estado mexicano garantizar todos los convenios internacionales en materia de protección de los derechos de los niños y las niñas, compete al estado mexicano la modificación al esquema de subrogación de las guarderías, no puede seguir siendo privatizada, el estado no puede renunciar a la responsabilidad que tiene, justamente, en garantizarle los derechos a los niños y a las niñas”.
José Francisco sale del café, dentro de unas horas viajará a Hermosillo, faltan pocas horas para el segundo aniversario de la tragedia que no le ha permitido seguir con su vida normal, “Mi vida al lado de mi hijo – Andrés Alonso- fueron los días más felices de mi existencia”, dice el hombre que juntos con otras familias sigue esperando justicia.
Trailer Documental ABC: Justicia
ENTÉRATE
Sentencia del Juicio Ciudadano realizado el 29 mayo
Video: Presentación Ley 5 junio en el Senado (Tomado de la página del Movimiento 5 de junio)
Dictamen Final sobre Ley General de Estancias Infantiles "Ley 5 junio"
